La deuda de las municipalidades con la banca privada, por menores ingreso por la pandemia, podría afectar la cartera en mora de los bancos. Al menos un banco enfrenta problemas de deuda con la municipalidad de San Lorenzo, Valle por 55 millones 243.000 lempiras.
Sin conocerse el destino del millonario crédito, el mismo sería readecuado según aprobación en el Congreso Nacional (Decreto número 94-2020), a un plazo de hasta 10 años, comprometiendo las futuras dos administraciones municipales de San Lorenzo.
La deuda tiene vencimiento en el mes de junio y, las autoridades edilicias sostiene que no tienen fondos para pagar y buscan renegociar el pago, previa autorización del Congreso Nacional. El plazo de renegociación de deudas por la pandemia, aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), venció en marzo.
Sin embargo, los diputados sostienen que “por las situaciones económicas por efecto de la pandemia (COVID-19), la Municipalidad de San Lorenzo no puede cumplir con dicho pago y plantea la necesidad de hacer una readecuación de dicha deuda con la banca nacional”.
Esta operación, agregan, no implica un endeudamiento adicional para la Municipalidad de San Lorenzo, sino una readecuación de una deuda ya existente, la cual se realizará en pagos que no perjudiquen su flujo de caja, que por ahora “está comprometido en gastos relacionados con la protección social debido a los efectos ocasionados en el Municipio de San Lorenzo por la pandemia del (COVID-19)”.
Por lo tanto se autorizó para que pueda suscribir Convenio de readecuación de deuda con la institución bancaria que “ofrezca las mejores condiciones de interés, en las condiciones financieras siguientes: “Monto: Cincuenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres lempiras (L.55,243,000.00). Plazo: Diez (10) años. Tasa de interés: la mejor tasa que ofrezca la banca en relación al mercado nacional”. La garantía es fiduciaria institucional.
Previo a la negociación, la Municipalidad de San Lorenzo, departamento de Valle, debe cumplir con las disposiciones presupuestaria y tener la autorización para manejar una readecuación de crédito por parte de la Secretaría de Finanzas y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
