El vicepresidente del Congreso Nacional (Junta Directiva de Luis Redondo), Hugo Noé Pino, pidió una investigación del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público a los tres ex interventores de Inprema por la aprobación de inversiones en el aeropuerto de Palmerola.
Se trata de los ex comisionados Elis Omar Figueroa, Mauricio Aguilar y María Teresa López, quienes autorizaron inversiones por 110 millones de dólares, incluyendo 20 millones en acciones en Palmerola, una concesión que maneja el Grupo Emco.
El diputado señaló que durante que en enero, período de transición de Gobierno, la comisión interventora se comprometió a no realizar inversiones y también conocían sobre la revisión del contrato de Palmerola anunciada por la Presidenta, Xiomara Castro.
“Como comisión de transición del gobierno tuvimos una reunión prácticamente como especie de mediación entre los colegios profesionales y la junta interventora y en ese momento la junta interventora se comprometió a no realizar esa inversión porque se cuestionaba que se estaba tomando esta decisión un mes antes o un período de tiempo muy corto para el cambio de transición de gobierno”, recordó.
“Sin embargo, en medio de la noche, en la oscuridad y sin conocimiento de los colegios profesionales se consumó esta inversión, los argumentos que esgrimen los interventores es de que este va a tener un mayor rendimiento en relación a lo que se obtiene en la banca, pero el riesgo es mucho mayor”, agregó.
Y es que uno de los elementos que el nuevo gobierno iba a hacer era la revisión del contrato de Palmerola, así que aquí hay algo bastante irregular, los ex miembros de ese directorio del INPREMA deben de ser realmente investigados a fondo.
“Cuáles fueron las motivaciones de hacer que hasta los últimos días tomaran esa decisión en contra de la voluntad de la mayoría de los colegios profesionales que representan a los verdaderos dueños del dinero que son los maestros que aportan por sus jubilaciones”, cuestionó.
“¿Qué es lo que procede? Una investigación a fondo de parte, tanto del Tribunal Superior de Cuentas como del Ministerio Público sobre esta situación irregular que se presenta en INPREMA y en donde están en juego miles de millones de lempiras de los maestros para sus jubilaciones”, apuntó Pino.
