La decisión permite que las autoridades reciban un desembolso inmediato de $117 millones
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy acuerdos de tres años con Honduras en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) por un total de 822 millones de dólares.
La aprobación es de un acuerdo por DEG 416,3 millones (aproximadamente $548 millones) en el marco del SAF y otro por DEG 208,2 millones (aproximadamente $274 millones) dentro del SCA, por un monto combinado de DEG 624,5 (equivalente a $822 millones o 250% de la cuota de Honduras).
Además se concluyó la consulta del Artículo IV correspondiente a 2023, que ha sido superada.
La decisión del FMI permite que las autoridades reciban un desembolso inmediato de DEG 89 millones, equivalente a aproximadamente $117 millones. “Estos acuerdos ayudarán a resolver las necesidades de balanza de pagos de Honduras y brindan apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno de Honduras en los próximos tres años”, agrega.
(VEA: Gobierno logra acuerdo a nivel técnico con el FMI por $830 millones)
Las reformas a seguir
El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, comprende reformas económicas e institucionales destinadas a respaldar la estabilidad macroeconómica de forma sostenible y, al mismo tiempo, crear espacio fiscal para atender las importantes necesidades de gasto social e inversión productiva. El programa también tiene como objetivo fomentar un crecimiento duradero e inclusivo y mejorar la resiliencia climática, al tiempo que contribuye a los esfuerzos de las autoridades para mejorar la gobernanza y la transparencia.
“Tras la pandemia y las tormentas tropicales, la economía hondureña ha repuntado, y el producto económico es ahora en torno a un 6% superior a los niveles anteriores a la pandemia. Se proyecta que el crecimiento económico se modere hasta aproximadamente el 3% en 2023, desde el 4% en 2022″.
A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento aumente hasta casi el 4%, apoyado por la inversión pública y el programa de reforma de las autoridades. Tras alcanzar un máximo cercano al 11% en 2022, a raíz del shock mundial de precios de las materias primas, la inflación ha disminuido de forma importante y se proyecta que se modere hasta casi el 5% a finales de 2023.
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Subdirector Gerente y Presidente del Directorio, Kenji Okamura, realizó la siguiente declaración: “La economía hondureña ha mostrado una notable resiliencia frente a los recientes shocks internos y externos. Aun así, Honduras enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son una gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas, que obstaculizan su potencial de desarrollo y alimentan la migración”.
También, las necesidades de inversión en infraestructura y adaptación al cambio climático son importantes. El programa económico de las autoridades, respaldado por el acuerdo con el FMI, trata de preservar la estabilidad macroeconómica y de empezar a solucionar estos problemas con el fin de impulsar un crecimiento más robusto e inclusivo.
El eje central del programa de las autoridades es un marco fiscal a mediano plazo que preserva la sostenibilidad de la deuda y, al mismo tiempo, amplía el espacio fiscal para aumentar la inversión productiva y el gasto social. Estos esfuerzos están apoyados por una reforma tributaria de gran alcance y medidas para fortalecer la administración tributaria.
El programa respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance que llegue a los grupos más vulnerables. Es importante que las autoridades están trabajando para diversificar las fuentes de financiamiento, por ejemplo, desarrollando mercados de deuda interna, que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el banco central.
Las autoridades tienen el compromiso de fortalecer los marcos de las políticas monetaria y cambiaria, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, con miras a preservar la competitividad y crear las condiciones necesarias para favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios, competitivo y eficiente en la asignación de divisas. La política monetaria debe apoyar el proceso de desinflación que está en curso y garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas.
Las reformas en el sector energético serán fundamentales para limitar los riesgos fiscales y mejorar el clima empresarial. Las autoridades están implementando un plan integral para la reducción de pérdidas con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa pública de energía eléctrica y mejorar el suministro de electricidad. En este contexto, el programa también tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de las autoridades para reforzar la resiliencia ante el cambio climático.
“Las autoridades han dado prioridad a la mejora de la gobernanza y la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Han fortalecido el marco de lucha contra el lavado de dinero y están eliminando los fideicomisos, que habían creado riesgos de corrupción, en la ejecución del gasto. Para seguir fortaleciendo la gobernanza, las autoridades están adoptando medidas para implementar un sistema electrónico de declaración de las finanzas de los empleados públicos, crear un registro completo de beneficiarios finales y establecer una comisión anticorrupción”, concluyó.
