El Gobierno logró la aprobación de un Acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que permite acceso a 822 millones de dólares, pero más importante generar estabilidad en los mercados nacionales e internacionales al estar al cumplimiento de metas macroeconómicas.
Aunque las expectativas económicas para este año no son tan halagadoras, un crecimiento del PIB de 2,9% (menor a la proyección de junio de 3%), el FMI espera mejoras para los próximos tres años. También se espera una reducción de la inflación a niveles del 4% en el período 2024-2027.
La deuda bruta se mantendría en niveles del 50 y 49% del PIB (producto interno bruto) y se recuperarían las reservas internacionales a partir del 2024.
El programa presentado por el gobierno ante el FMI, asegura se fortalecerán los marcos de las políticas monetaria y cambiaria, para “favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios, competitivo y eficiente en la asignación de divisas“.
La política monetaria debe “apoyar el proceso de desinflación que está en curso y garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas”.
La evaluación del FMI
Los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo en términos generales con la evaluación del personal técnico que visitó el país en agosto anterior y elogiaron las “políticas económicas prudentes” del gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica y la resiliencia ante los recientes shocks.
Sin embargo, observaron que “la pobreza y la desigualdad, la corrupción, y las grandes necesidades de inversión siguen siendo importantes obstáculos para el crecimiento sostenido y el desarrollo”.
Apoyan la creación espacio fiscal para aumentar el gasto social y la inversión, preservando a la vez la sostenibilidad de la deuda. La movilización de ingresos públicos, incluyan la reforma tributaria prevista (Ley de Equilibrio Fiscal) y el fortalecimiento de la administración tributaria.
Además piden mejorar la focalización del gasto social con mecanismos como, por ejemplo, el registro social, y de respaldar la eficiencia de la inversión pública, a través de la próxima evaluación PIMA.
Los directores solicitaron una política monetaria basada en datos, incluyendo un activo monitoreo de las tasas de interés internacionales. También hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el marco de política monetaria y su transmisión, y tomar en cuenta los resultados de la próxima evaluación de salvaguardas.
Señalan la necesidad de acelerar las reformas del sector energético para limitar los riesgos fiscales, apoyar el crecimiento y mejorar el clima empresarial.
