El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
El informe fue presentado junto a la revisión de las estimaciones de crecimiento para la región para este y el próximo año.
“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.
Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar.
Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.
El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores.
Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.
Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados.
Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.
En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema).
Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019.
Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.
El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB.
De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).
Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.
Comercio, deuda externa y
En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región.
En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).
Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%).
Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.
“A la luz de todos estos desafíos, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena.
En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad.
Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.
“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.
Al finalizar el primer trimestre de 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Honduras reflejó un déficit de $54.2 millones. Este resultado estuvo determinado principalmente por el aumento en las importaciones de bienes FOB, ante un alza en la demanda interna de las empresas y los hogares, lo cual fue compensado parcialmente por el crecimiento en las exportaciones de bienes, lideradas por la recuperación en las exportaciones de Bienes para Transformación.
En cuanto a las balanzas de servicios y renta, éstas experimentaron un déficit superior, frente a lo registrado en el mismo lapso de 2020. La expansión de los déficits fue contrarrestada por mayores ingresos netos en el renglón de transferencias corrientes especialmente por remesas familiares.
Los movimientos de activos y pasivos de las cuentas capital y financiera reportaron una captación neta de recursos por $50.9 millones y $112.9 millones, respectivamente.
