“Se mantiene la derogación de los regímenes de beneficios fiscales que fueron considerados fuente de corrupción”, declaró el ministro director del Servicio de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, después de la aprobación del Gabinete de Gobierno de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria.
El proyecto de ley contiene un paquete de cuatro reformas fiscales y fue aprobado con la presencia de la Presidenta, Xiomara Castro, y se remitió al Congreso con algunas modificaciones, pero manteniendo reformas que son rechazadas por el sector privado.
Ochoa fue el encargado de dar detalles, reiterando que de la docena de regímenes especiales con exoneraciones fiscales se crearán dos regímenes (Zonas Francas y RINDE), se respetará la vigencia de los derechos otorgados, pero se ampliarán algunos beneficios.
“Se incorporan modificaciones como ampliar los años de goce de exoneraciones en los dos regímenes propuestos, se amplían de cinco a 10 años con la posibilidad de ser extendidos mediante decreto de emergencia por la Presidencia de la República, 10 años adicionales”, explicó.
Además se incorpora la modificación de otorgar beneficios fiscales por la vía de la extensión al quipo y maquinaria agrícola, esto quiere decir que los productores agrícolas ya no van a tener que hacer trámites administrativos para gozar las extensiones en equipo y maquinaria agrícola.
“Este decreto ha sido socializado con diversos sectores y hemos recibido abundantes comentarios y producto de esta socialización se han realizado modificaciones al decreto original que mejoran el cuerpo del texto”, apuntó.
“El día de hoy se está remitiendo con la aprobación del Consejo de Ministros y con el respaldo y la firme decisión de la presidenta @XiomaraCastroZ la remisión de la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional”, tuiteó el funcionario.
Al respecto, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, explicó que el procedimiento a seguir es el nombramiento de una Comisión que revisará el anteproyecto y se socializará para su posterior presentación ante la Cámara.
Pino sostuvo que se analizará el impacto de la ley, que el sector privado lo considera negativo en especial en inversiones, desempleo y costos de producción.
“Todo eso está descartado en aumentos de precios y de desempleos y, por lo tanto, esperamos tener una discusión bastante amplia y fructífera en el Congreso Nacional. El procedimiento de consenso dentro del Congreso Nacional se inicia desde el momento de la conformación de la comisión en la cual participan las diferentes fuerzas políticas del país y se trata de un proyecto que se ha debatido socialmente por varias semanas”, apuntó.
