El amotinamiento y muerte de reos en las cárceles “de alta seguridad” del país, podría evitarse con la participación del sector privado como administrador, propone el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu.
En menos de un mes se registraron varias masacres en los centros penales que llevaron a la decisión del gobierno de declarar “Estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional” e intervenir los mismos, a través de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (FUSINA).
Al respecto, el empresario dijo que “que concesionar la seguridad en centros penales podría ser una opción, peor antes hay que esperar los resultados de las Fuerzas Armadas”.
Recordó que en otros países ha funcionado ha sido el concesionamiento a organizaciones especializadas en el manejo de este tipo de penales.
“En el caso de Honduras si fuese una compañía internacional que tenga esa concesión de alguna manera limitaría la exposición de las personas que dirigen la cárcel a las amenazas y a los chantajes de los reclusos”, opinó.
“Si existen amenazas de la población carcelaria a las autoridades, entonces se deben de buscar otras opciones. Esperamos que la presencia militar pueda controlar esta situación que afecta terriblemente la imagen del país”, declaró.
FUSINA con amplios poderes
El gobierno pasó el control de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario (INP) con un presupuesto que supera los 1.000 millones de lempiras al año, pero el lunes decidió la intervención militar.
El decreto ejecutivo PCM-068-2019, publicado en La Gaceta, señala en su artículo segundo: “Intervenir el Sistema Penitenciario Nacional por un período de seis (6) meses, que incluye al Instituto Nacional Penitenciario, y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores”.
Nombrando para tal efecto una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
La emergencia decretada, faculta a la Comisión Interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de Acuerdos del personal que se considere innecesario, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección de Servicio
Civil.
“Para el cumplimiento de este Decreto Ejecutivo, FUSINA puede contratar expertos nacionales o internacionales en materia penitenciaria y de internamiento de menores, así como herramientas tecnológicas en materia de información y comunicación u otros recursos que permitan el cumplimiento de la misión”, agrega el artículo 4.
