La suspensión de la construcción del “Corredor Turístico”, penada en el capítulo 6 inciso 10 del contrato de concesión, es el argumento del gobierno para solicitar al Congreso Nacional terminar el contrato con la empresa colombiana-hondureña Autopista del Atlántico (Adasa).
La anulación anticipada tendría repercusiones financieras ya que el gobierno solicitó tres préstamos que suman “145 millones de dólares” que vincula a dos instituciones internacionales y a un banco nacional.
Aunque la iniciativa de Ley fue presentada previa a una negociación con ejecutivos de Adasa, no se descarta el pago de una posible “compensación”, por el avance del proyecto carretero.
El Corredor Turístico tiene como objetivo la construcción, ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera en los tramos de El Progreso – Tela, San Pedro Sula – El Progreso y La Barca – El Progreso
Las obras fueron paralizadas a comienzos del año por las protestas políticas que llevaron a la quema de caseta de peaje, construidas antes de terminar la carretera.
Millonario contrato
Fuente: Coalianza contrato de concesión corredor turístico
La concesión, cuyo contrato fue modificado en cinco ocasiones, cuenta con capital del banco estadounidense JP Morgan, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), Banco Ficohsa y la supervisión de la empresa japonesa Nippon Koei Lac.
Por esta participación financiera, se temía una demanda internacional.
Por el concesionario se cuenta con capital colombiano-hondureño ya que Adasa fue conformado por el Grupo Grodco que preside Gustavo Rodríguez, el Consorcio Canal Seco (CASH) de David Alberto Cabrera Santos y la empresa Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras bajo la representación de Sonia Enriqueta Gámez Panchamé.
En la última revisión del contrato, en enero de 2015, se hicieron amplias modificaciones por parte de Coalianza, y por la empresa colombiana firmó Armin Ricardo García Acuña, quien en 2014 fungía como presidente de
Dominicana de Vías Concesionadas (Dovicon).
Dovicon estaba encargada de un proyecto similar en República Dominicana, que fue cancelado después de lograr una “indemnización” de 135 millones de dólares.
En Honduras la concesión era por 30 años y garantizaba un flujo anual por cobro de peaje que comenzaba en “6.9 millones y para el año 2043 llegaba a 36.3 millones de dólares” y al final sumaba más de 600 millones de dólares, señala el mismo contrato.
El Congreso aprobó la concesión el 18 de diciembre de 2012.
Justificación del gobierno
El diputado por el departamento de Yoro, Gabriel Rubí, dijo que la concesionaria “dejó abandonado” el proyecto, incluyendo el proyecto del puente sobre el Río Humuya, el puente La Democracia.
El legislador señaló que se estaba cobrando peaje entre San Manuel y El Progreso por una autopista que se construye entre La Barca y Tela, y que esto llevó “a que la concesionaria perdiera el financiamiento internacional de bancos en Estados Unidos y otros países porque el proyecto no era socialmente viable”.
Según Marco Antonio Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (InvEst-H), confirmó que el Estado se ha visto obligado a compensar económicamente al concesionario con el reconocimiento de una remuneración diaria, lo que perjudica las finanzas del país.
Ya el presidente de la Superintendencia de APP, David Williams, anunciaba que se había hecho efectiva una, de las tres garantías bancarias, para pagar a la entidad supervisora técnica del proyecto.
La SAPP, mantiene multas y sanciones en contra de ADASA, pero todo quedaría eliminado por la anulación del contrato “por decisión mutua de las partes al aplicar la cláusula 6.1.4 del contrato”, relativa a la ejecución de obras.
