La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) improcedente el embargo solicitado por la Empresa Energía de Honduras (EEH) por el monto de 4.577 millones de lempiras en relación al fideicomiso de recuperación de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR), el representante legal del Estado de Honduras, informó que el 12 de agosto la Sala de lo Civil de la CSJ, tras conocer un recurso del ente estatal estableció que el proceso de ejecución que pretendía la EEH “no procede por carecer de título ejecutivo”.
La EEH estableció una demanda por 4,577.051 lempiras contra la ENEE por incumplimiento de pagos en cuanto a la recuperación de pérdidas.
Un juez de primera instancia había aceptado la demanda de EEH, pero la Procuraduría General de la República acudió ante la máxima instancia de la Sala Civil de la CSJ.
En el comunicado la representación legal del país señaló que el tribunal supremo del país estableció que se “vulneró el principio de igualdad procesal, al negarle al Estado de Honduras por medio de la PGR, ser parte en el asunto”, ya que el juez inobservó el sometimiento expreso de las partes para dirimir las controversias que se generen por el contrato mediante el arbitraje.
En cuanto al título ejecutivo presentado por la EEH, la Sala de lo Civil estableció que se aprecia el “quebrantamiento del orden adjetivo interno por parte del juez de primera instancia, cuando eleva a título ejecutivo un documento haciendo uso de diligencias preparatorias”, según el Abogado del Estado.
De acuerdo al comunicado de la PGR, la Sala de lo Civil de la CSJ manifestó que “las observaciones que anteceden, tienen incidencia directa en la admisibilidad de la solicitud de ejecución de un presunto título extrajudicial promovido por la Empresa de Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH,)” contra el banco fiduciario, por el fideicomiso para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”
La concesión privada para reducir pérdidas de energía ha generado conflictos en los últimos dos años con acusaciones y recusaciones de incumplimiento a las metas establecidas.
El compromiso inicial era reducir las pérdidas en 17 puntos (de 32 a 15%) en un plazo de siete años, además de reducir a 12 por ciento la mora desde 22%.
