La economía de El Salvador se está recuperando de la recesión provocada por la pandemia de covid-19, pero la dinámica fiscal y de la deuda “seguirá siendo débil en 2022-2023”, advierte la Unidad de Inteligencia de The Economist (UIE).
En este contexto, la institución espera que la deuda pública total salvadoreña seguirá creciendo hasta alcanzar el 107% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 (desde el 91.8% en 2020), un nivel “extremadamente alto para una economía dolarizada con opciones de financiación limitadas”.
No obstante, el reporte país también señala que el déficit fiscal salvadoreño se irá reduciendo gradualmente en el mediano plazo, llegando a un promedio del 3.9 % del PIB en 2025-2026. “Esperamos que el gran déficit fiscal se alivie gradualmente, de un 7.5% del PIB estimado en 2021 a un 5,5% del PIB en 2023”, apunta la entidad.
Un problema que se mantendrá es el elevado gasto público en el corto plazo por los costos extraordinarios de salud y las transferencias corrientes.
En el primer semestre del año pasado, el gasto total de El Salvador ascendió a $3.800 millones, un aumento del 9% con respecto al mismo período de 2020.
Dado “el débil estado de las finanzas públicas”, el Gobierno está negociando un acuerdo de servicio de fondos extendidos de $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, la UIE “no espera que el acuerdo se apruebe a corto plazo debido a las crecientes tensiones entre El Salvador y Estados Unidos”, además de “las crecientes preocupaciones sobre la erosión de las instituciones democráticas” y “el impacto en la transparencia financiera de la adopción de bitcóin como moneda de curso legal”.
El probable aplazamiento de un paquete de asistencia financiera del FMI pesará sobre la sostenibilidad fiscal y la recuperación económica, y se sumará a un entorno político ya tenso. Actualmente, no pronostican un incumplimiento en 2022, pero las preocupaciones sobre la redituabilidad seguirán aumentando.
“No cerrar un trato con el Fondo aumentaría sustancialmente la iliquidez y los riesgos de incumplimiento soberano”, advierte el reporte.
El gobierno todavía tiene que presentar propuestas concretas, pero la UIE cree que es probable que busque reformas estructurales para mejorar la eficiencia del Estado y reducir las rigideces del gasto público mientras hace solo cambios impositivos limitados.
Se espera que los efectos de estas modificaciones “serán limitados en el corto plazo”, materializándose mayoritariamente en el mediano plazo.
“Dada la pesada y creciente carga de la deuda, así como los bajos niveles de recaudación de ingresos, esperamos que los pagos de intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos se mantengan obstinadamente altos, llegando a un máximo del 21,3% en 2025. Esto limitará la inversión pública bajo la administración Bukele”.
En términos de financiamiento, las proyecciones del reporte asumen actualmente que el Gobierno mantendrá el acceso a los mercados internacionales, “aunque en términos costosos” y se cubrirá la mayor parte de su brecha de financiamiento a través de emisiones externas, así como algunos préstamos multilaterales.
Sobre la adopción de bitcoin como moneda de curso legal y los supuestos beneficios de reducir los costos de transacción de las remesas “pueden verse eclipsados por cambios bruscos en el valor de bitcoin, lo que lo convierte en un depósito de valor poco confiable”.
“Nuestro pronóstico incluye un mayor riesgo de estabilidad política en caso de que los problemas con la adopción de bitcoin y la volatilidad de la moneda dañen la reputación de Bukele. Los oponentes al experimento de bitcóin también serían mucho más difíciles de contener”, apunta el reporte.
