Según el documento oficial, la prórroga por 18 meses entrará en vigor a partir del 31 de diciembre
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) ha extendido automáticamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) del 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para inmigrantes de Honduras y otros cinco países.
Según el anuncio, el USCIS estaría extendiendo la validez de los permisos de trabajo de los beneficiarios hondureños por 18 meses más, dijo la Cancillería.
Los otros países beneficiados son El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y Nepal.
“Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ recibe con beneplácito el anuncio del Secretario @SecMayorkas, de conceder una extensión de los documentos relacionados con el TPS para hondureños por 18 meses, hasta el 30 de junio de 2024. Lo que da alivio a nuestros compatriotas”, escribió el canciller Enrique Reina.
“Los beneficiarios del TPS de estos seis países mantendrán su estatus, siempre que continúen cumpliendo todos los requisitos individuales para ser elegidos para el TPS”, se lee en el documento oficial.
Corte Suprema de EE UU falla contra portadores de TPS
Los hondureños amparados bajo este beneficio estaban en vilo y en riesgo de deportación ya que el mismo vencía el 31 de diciembre. Esto luego de que una corte de apelaciones de Estados Unidos denegara la petición de añadir nuevas argumentaciones al caso llamado Ramos vs. Mayorkas, en el cual abogados defienden la causa de 337.000 inmigrantes de cuatro países amparados al TPS.
La Fundación 15 de septiembre, que ha realizado varias protestas en EE UU, lamentaron el poco apoyo del gobierno hondureño y que EE UU aún no otorgue residencia a los tepesianos a pesar de estar registrados desde 1999.
De acuerdo con cifras del Pew Research Center, en Estados Unidos hay 193,940 tepesianos de El Salvador; 58,625 de Honduras; 9,355 de Nepal; y 3,130 de Nicaragua.
En el 2018, el expresidente Donald Trump canceló el TPS para salvadoreños y hondureños, pero a raíz de una demanda presentada ante un juez de distrito federal en San Francisco, se otorgó una orden judicial para frenar esa decisión.
