El 1 de julio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Honduras y concluye que hay grandes avances, pero también retos en reducción de la pobreza, la desigualdad, la crisis de la ENEE y la gobernanza.
El Directorio también aprobó, el 15 de julio, un Acuerdo Stand-By y un acuerdo en el marco de la Facilidad de Crédito Stand-By por dos años entre Honduras y el FMI.
El organismo señala que “apoyado por el programa del Fondo durante 2014–17, Honduras logró grandes avances en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y el fortalecimiento de su marco de políticas económicas”.
La confianza mejoró, y el riesgo país se redujo significativamente y se tradujo en mejores condiciones de financiamiento para la inversión pública y privada.
No obstante, aún existen desafíos para reducir vulnerabilidades y riesgos, como el nivel todavía elevado de pobreza e informalidad, el deterioro de la situación financiera de la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) y el fortalecimiento del marco de política macroeconómica y mejorar la gobernanza.
Desaceleración económica
Las condiciones macroeconómicas en Honduras se mantuvieron estables en 2018. El crecimiento del PIB se desaceleró al 3,75% el año pasado debido al debilitamiento de los términos de intercambio, pero se mantuvo cerca de su nivel potencial, respaldado por el consumo privado en un contexto de fuerte crecimiento de las remesas.
La inflación se mantuvo estable en torno al centro de la banda objetivo del banco central (4±1%). Debido al descenso de los precios del café y al aumento de los precios del petróleo, el déficit de cuenta corriente se amplió al 4,25% del PIB, pero se mantuvo cerca de su promedio histórico.
A pesar de un déficit mayor al esperado en la empresa de energía eléctrica (ENEE), el sector público no financiero (SPNF) registró un déficit del 0,9% del PIB, acorde con la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El sistema financiero se encuentra estable, líquido y bien capitalizado, y el nivel de morosidad se mantiene en mínimos históricos.
Tres prioridades económicas
De cara al futuro, el programa económico de las autoridades hondureñas apunta a mantener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, poner en marcha reformas económicas e institucionales para promover un crecimiento inclusivo.
Se centra en tres prioridades principales: fortalecer la posición fiscal, poniendo las finanzas de la compañía eléctrica pública (ENEE) en una trayectoria sostenible, y a la vez mantener el espacio en materia de política fiscal para aumentar la inversión y el gasto social.
Reforzar la política monetaria y las instituciones financieras para minimizar los shocks adversos; e implementar reformas para mejorar el clima de negocios y la gobernanza, incluyendo redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
Crecimiento del PIB a la baja
En este contexto, si bien se proyecta que el crecimiento se desacelerará a poco menos del 3,5% en 2019—debido principalmente a términos de intercambio todavía desfavorables—.
Las reformas del sector eléctrico, la mejora de la gobernanza y el continuo fortalecimiento del marco de política macroeconómica garantizarán la sostenibilidad de la deuda y respaldarán la recuperación de la inversión.
Los efectos positivos en la confianza fomentarán el crecimiento del PIB. Un mayor crecimiento, el aumento de la inversión pública y el gasto social ayudarán a reducir la informalidad y la brecha de género.
Se espera que la inflación y las expectativas inflacionarias converjan hacia el punto medio de la banda fijada como meta por el banco central, mientras que se proyecta que el déficit en cuenta corriente se mantenga estable en torno al 4% del PIB.
Las proyecciones están sujetas a riesgos a la baja, principalmente debido a un menor crecimiento mundial, shocks de los términos de intercambio, condiciones financieras mundiales más restrictivas e incertidumbre asociada a las tensiones comerciales y a las políticas de inmigración de Estados Unidos.
El Directorio también hizo una evaluación aprobando la política gubernamental y la mayor flexibilidad cambiaria (la banca privada maneja el 40% de las divisas), publicó las metas para este año y advierte sobre la vigilancia de las medidas en políticas monetarias y fiscales.
