El regular CAMP, usurpó la autoridad del Congreso. al reconocer a las ZEDE, Próspera, Ciudad Morazán y San Marcos
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió su fallo sobre la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Es una ley ilegítima, sus últimas reformas (nueva exoneración a la Ley del Impuestos Sobre Ventas y otras) son inconstitucionales y son alto riesgo para las finanzas del Estado y los inversionistas.
En un extenso análisis jurídico, el sector privado advierte que la Ley de Zede, aprobada desde el 2013, se ha desnaturalizado de su objetivo de atraer inversiones y generar empleo, al crear “un Estado dentro de otro Estado”, violentando la Constitución de la República y creando riesgo de “demandas de indemnización” contra el Estado.
Los empresarios se plantean 18 preguntas sobre los efectos de las ZEDE para el sistema judicial, policial, telecomunicaciones, energía, banca, entre otras, donde se cuenta con normativas internacionales y entes establecidos de supervisión y regulación
Además señalan que la última “reforma no interpretación del Artículo 6” (exoneración del pago del 15% al ISV en compras nacionales), en el Congreso, no contó con la aprobación de las dos terceras partes como establece la Constitución al tratarse de impuestos.
Los empresarios destacan que la Ley de la ZEDE se centra en las exoneraciones en la exportación de productos, no en el mercado nacional donde creará distorsiones fiscales y legales.
Los empresarios también cuestionan la existencia del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), ente creado como regular de las ZEDE, y que aprobaron a tres ZEDE, “Próspera Ciudad Morazán y San Marcos”, cuando esa decisión es potestad del Congreso Nacional.
Las normas aprobadas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades de Honduras y las ZEDE tienen motivos de inconstitucionalidad.
Aunque la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció a favor de las ZEDE, el Cohep estima que existen varias contradicciones en la Ley que aún deben ser analizadas, además que las nuevas reformas pueden ser denunciadas ante la autoridad judicial.
Las ZEDE carecen de legitimidad, agrega el informe, por no ser aprobadas en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía hondureña y los diferentes sectores.
“Las ZEDE son una imposición de un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras, al brindar atribuciones a estas ZEDE que las diferencian del Estado hondureño, al tener un territorio diferenciado, una población que debe de registrarse dentro de este territorio y un Poder distinto al del Estado hondureño”, dice el análisis jurídico.
Señaló que el hecho que las ZEDE cuenten con extraterritorialidad fiscal y aduanera generará un déficit fiscal a las finanzas públicas y los gobiernos locales.
El Cohep concluye que las las ZEDE como modelo de desarrollo e inversión ha sido desnaturalizado desde todo punto de vista, generando en este momento demasiado riesgo a los inversionistas y al Estado de Honduras por la falta de transparencia y forma como se han autorizado.
