El Congreso de Estados Unidos emitió esta mañana la esperada Lista Engels, del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a 21 hondureños, 14 salvadoreños y 20 guatemaltecos, todos funcionarios de gobiernos activos o ex servidores públicos a los que Estados Unidos señala de estar involucrados en actos de corrupción o de socavar de forma deliberada la democracia en esos países.
“Este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado… este informe identifica a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala y Honduras: 1) que se determina que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas; 2) personas determinadas a tener conocimiento comprometido de corrupción significativa”, reza el sumario del reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes.
La lista hondureña está encabezada por el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y diputados investigados por la desaparecida MACCIH. La lista incluye a 14 miembros del Congreso Nacional y exfuncionarios de gobierno; además de Marcos Bogran, ex director de Invest Honduras, como funcionario activo de la actual administración de Juan Orlando Hernández.
De conformidad con la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado.
Los señalamientos también incluyen: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
De acuerdo al documento, las personas extranjeras enumeradas en el informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. A las personas extranjeras enumeradas en el informe se les revocará la visa de inmediato y se cancelará cualquier otra visa válida o documentación de entrada, salvo excepción.
Lista de Honduras
Gustavo Alberto Pérez, actual diputado (suplente) del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800 mil de varias agencias gubernamentales.
Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, exprimera dama, se involucró en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Augusto Domingo Cruz Asensio, excongresista, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos del programa de empleo público Generación a cuentas personales.
José Celín Discua Elvir, actual representante del Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Rodolfo Irías Navas, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Eleazar Alexander Juárez Sarabia, exmiembro del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Valle a sus cuentas personales.
José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, expresidente de Honduras, se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.
Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, participó en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800 mil de varias agencias gubernamentales.
Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual representante del Congreso involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción de Pandora MACCIH en junio de 2018 por malversación de $ 12.5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal.
Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su rol de Secretaria del Congreso.
Óscar Nájera, actual representante del Congreso, participó en una importante corrupción relacionada con la organización narcotraficante Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Héctor Enrique Padilla Hernández, exmiembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales.
Milton Jesús Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $800 mil de varias agencias gubernamentales.
Audelia Rodríguez, exlegisladora del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.
Dennys Antonio Sánchez Fernández, exdiputado del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Santa Bárbara a sus cuentas personales.
Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual representante en el Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado al Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800 mil de varias agencias gubernamentales.
Elden Vásquez, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $ 12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.
Welsy Milena Vásquez López, actual representante del Congreso, participó en actos de corrupción importantes, incluida la malversación y malversación de fondos públicos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800 mil de varias agencias gubernamentales.
Román Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones por corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redireccionar dinero a una ONG falsa.
Los señalados en El Salvador y Guatemala
En El Salvador
Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar reiteradamente a los candidatos políticos.
Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para su beneficio personal.
Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual Asesor Legal del Presidente, socavó los procesos o instituciones democráticos al ayudar en la destitución inapropiada de cinco Magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General.
Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó procesos o instituciones democráticas en un intento por dañar a sus oponentes políticos.
Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y Director de Prisiones, se ha involucrado en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.
José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, incurrió en corrupción significativa durante su mandato a través del soborno. También participó en un plan de blanqueo de capitales.
Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, incurrió en una corrupción significativa al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
José Aquiles Enrique Rais López se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos o las instituciones democráticas al sobornar a los funcionarios públicos.
Martha Carolina Recinos de Bernal, actual Jefa de Gabinete, se involucró en una corrupción significativa al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un importante plan de blanqueo de capitales.
Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, incurrió en una importante corrupción durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal.
Adolfo Salume Artinano, se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
Luis Guillermo Wellman Carpio, actual Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitiendo la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas.
Guatemala
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial guatemalteco, incurrió en una corrupción significativa al facilitar pagos a representantes del Congreso y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala con el fin de influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Justicia de Guatemala. Apela y asegura su futura liberación de prisión y el sobreseimiento de los cargos de corrupción.
Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, se ha involucrado en una corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, el Sr. Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses.
Delia Bac Alvarado, exrepresentante del Congreso, participó en una corrupción significativa a través de su mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj, socavó procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
Álvaro Colom Caballeros, expresidente, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la ciudad de Guatemala conocido como Transurbano.
Manuel Duarte Barrera, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte.
Boris Roberto España Cáceres, actual representante del Congreso en el Congreso de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en el tráfico de influencias y el soborno.
Mario Amílcar Estrada Orellana, exrepresentante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas.
Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo, intentó retrasar u obstruir procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, intentó retrasar u obstaculizar procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial. Oficina Contra la Impunidad (FECI).
Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, socavó los procesos o instituciones democráticos al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operativo político y empresario, socavó procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país, socavó procesos o instituciones y se involucró en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión legal favorable.
Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incurrió en corrupción significativa cuando participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, y en el lavado del producto de la corrupción para beneficio personal. Está designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, incurrió en una corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
Blanca Aida Stalling Dávila, ex jueza de la Corte Suprema, incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
Jorge Estuardo Vargas Morales, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias.
Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte.
