La ciudad y el estado de Nueva York presionan cada vez con más insistencia al gobierno federal para que agilice la concesión de permisos de trabajo que permita que los más de 100.000 inmigrantes llegados en quince meses a la Gran Manzana salgan de una asistencia que está costando millones de dólares al estado y la ciudad.
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, se reunió en Washington con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden con este único punto en el orden del día, y al término dijo en un comunicado que la conversación había sido “franca y productiva”, al haber concluido con un avance: la promesa del gobierno federal de proporcionar personal, datos y recursos para “identificar a los miles de individuos capacitados pero que aún no han pedido el permiso de trabajo”.
La Casa Blanca emitió su propio comunicado en el que prometió que el mes de septiembre será “el mes de la acción” para ayudar a aquellos que aún no solicitan el permiso de trabajo “y responder así a las necesidades laborales de Nueva York”.
Con miles de inmigrantes aún llegando a la ciudad, la problemática no desaparece. A Nueva York están arribando una media de 10.000 solicitantes de asilo cada mes. Los 190 refugios habilutados de emergencia, con comida, educación y sanidad, son insuficientes.
Esto supone un gasto para los contribuyentes neoyorkinos de 10 millones de dólares diarios. Según las estimaciones del alcalde Eric Adams, se necesitan cerca 4.200 millones de dólares para hacer frente a la crisis. Al Gobierno de Biden se le han pedido 300 millones, pero hasta la fecha la ciudad ha recibido menos de la mitad: 142 millones.
El hotel Roosevelt, cerrado hace tres años, reabrió el pasado mayo para ser transformado en uno de los refugios de emergencia ante la afluencia de personas que llegan de naciones latinoamericanas, como Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador, Colombia, pero también desde naciones africanas, como Senegal, Chad o Mauritana.
