Cuatro meses después de ser aplazados en nueve de 20 indicadores socioeconómicos por la Corporación del Desafío del Milenio, el gobierno crea una unidad de seguimiento a las bajas calificaciones.
Evelyn Bautista, directora del Programa Umbral, señaló que hay una orden Ejecutiva de “crear una unidad de seguimiento de estos indicadores con el fin de poder desglosar e identificar que es lo que esta sucediendo y que está influenciando a que no pasemos de esos indicadores”.
Entonces, agrega, nos vamos a dar a la tarea de desglosar cada uno de eso indicadores e identificar quienes son los entes que deben de trabajar en conjunto con el Gobierno para poder mejorar el desempeño y en la siguiente vez que seamos evaluados podamos ser elegibles.
Entre los indicadores más bajos está el respeto a la ley con 14%, le sigue el del control de la corrupción con una nota de 31% igual porcentaje para la libertad de información.
Bautista, reconoció que recién este mes “se emitió el decreto de creación de la unidad y lo que se quiere es identificar cuáles son esas limitantes que nos han prevenido de mejorar estos indicadores”.
Según la proyección de la funcionaria sería hasta el mes de “septiembre que podamos ya identificar al personal adecuado y emprender las acciones pertinentes para poder empezar a incidir en la mejora de estos indicadores”.
Esto significaría un mayor gasto público teniendo en cuenta que ya existen los entes encargados de aplicar la justicia y de lucha contra la corrupción, además de los ministerios con bajos resultados como Salud.
¿Corrupción subjetiva?
“El pilar de economía vamos bastante bien, uno de los indicadores bloqueantes es definitivamente el de corrupción, este inclusive está siendo analizado por la Corporación del Desafío del Millenium porque es un indicador bastante subjetivo”, estimó Bautista.
“En realidad no está reflejando netamente los avances que ha realizado el Gobierno en la lucha contra la corrupción”, agregó.
La funcionario aseguró que Estados Unidos analiza la posibilidad de ver cómo se puede modificar este indicador o su medición para incluir todos los esfuerzos para reducir la corrupción.
Una de las estrategias del gobierno es la de crear una “veeduría social” a los proyectos públicos de infraestructura, lo que resta confianza en los entes de supervisión de las Alianzas Público Privadas (AAP).
