La presidenta de Honduras, Xiomara Castro y miembros del Gabinete, se reunieron este lunes con autoridades del programa estadounidense Cuenta del Desafío del Milenio (MCC por sus siglas en inglés), para promover los avances de su gobierno en la lucha contra la corrupción pública y volver a acceder a fondos del programa.
Honduras, por ser un país de bajos ingresos, está en la lista de países elegibles de la MCC desde el 2004, pero ha reprobado en la última década por no cumplir con los parámetros de lucha contra la corrupción entre otros indicadores.
La reunión se realizó en Nueva York, con Alicia Phillips Mandaville, presidenta de Política y Evaluación de la MCC, Jonathan Brooks, vicepresidente adjunto de operaciones compactas y Dan Barnes, director general de selección, elegibilidad y desempeño de políticas del MCC.
Según el gobierno existe un “progreso” en materia anticorrupción. Entre los logros se destacó la firma del memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas para la Instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
También la derogación Ley de Secretos, Ley Orgánica de las ZEDES (reforma que es cuestionada por EE UU), Ley de Escuchas, eliminación de Coalianza, reforma a Ley de Seguridad Poblacional y Ley del Consejo de Seguridad (que se mantiene), entre otras.
Del mismo modo se presentó la creación de la Secretaría de Transparencia, derogar fideicomisos, eliminar programas e instituciones que duplicaban funciones, derogar las reformas al Código Penal y la Ley de Lavado de Activos.
El Gobierno de Xiomara de Zelaya resaltó la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la entrega de la Estrategia Nacional de Transparencia y Corrupción de Honduras (ENTAH), la modernización de una nueva Ley de Contratación del Estado, un nuevo sistema de denuncia ciudadana y una propuesta de modernización de la Ley de Servicio Civil.
Sin embargo, EE UU ha dado señales contrarias a la política hondureña y cuestionado las decisiones legales.
El Departamento de Estado ha cuestionado las acciones del gobierno contra la inversión privada y amplió la mención de hondureños como personas corruptas, en su famosa Lista Engel.
