Google, del grupo Alphabet, pagará unos $400 millones para zanjar una demanda presentada por un grupo de 40 estados por las acusaciones de que el gigante de las búsquedas y la publicidad rastreó ilegalmente la ubicación de sus usuarios, confirmó la oficina del fiscal general de Michigan.
La investigación y el acuerdo, liderado por Oregón y Nebraska, es una señal de los crecientes dolores de cabeza legales que tiene el gigante tecnológico por parte de los fiscales generales de los estados, que han atacado agresivamente las prácticas de rastreo de usuarios de la empresa en los últimos meses.
Además del pago, Google deberá ser más transparente con los consumidores sobre cuándo se realiza el seguimiento de la ubicación y ofrecer a los usuarios información detallada sobre los datos de seguimiento de la ubicación en una página web especial, dijo la oficina del fiscal general de Iowa.
“Cuando los consumidores toman la decisión de no compartir los datos de localización de sus dispositivos, deberían poder confiar en que una empresa dejará de rastrear todos sus movimientos”, dijo el fiscal general de Iowa, Tom Miller, en un comunicado.
“Este acuerdo deja claro que las empresas deben ser transparentes en su forma de rastrear a los clientes y cumplir con las leyes de privacidad estatales y federales”.
El portavoz de Google, José Castañeda, dijo: “En consonancia con las mejoras que hemos hecho en los últimos años, hemos resuelto esta investigación, que se basaba en políticas de producto obsoletas que cambiamos hace años”.
Google dijo en una entrada de su blog el lunes que estaría “haciendo actualizaciones en los próximos meses para proporcionar aún más control y transparencia sobre los datos de localización”.
Esos cambios incluyen facilitar la eliminación de los datos de localización. Los nuevos usuarios tendrán controles de autoeliminación que les permitirán ordenar a Google que elimine cierta información cuando alcance una determinada antigüedad.
Los abogados del estado abrieron una investigación en 2018 tras un informe de que Google registraba datos de localización pese a que los usuarios le indicaban que no lo hiciera.
La investigación descubrió que Google había engañado a los consumidores sobre las prácticas de seguimiento de la ubicación desde al menos 2014, violando las leyes estatales de protección del consumidor.
Arizona presentó un caso similar contra Google y lo resolvió por $85 millones en octubre de 2022.
Texas, Indiana, el estado de Washington y el Distrito de Columbia demandaron a Google en enero, por lo que denominaron prácticas engañosas de seguimiento de la ubicación que invaden la privacidad de los usuarios.
Google obtuvo unos ingresos de $111.000 millones por publicidad en el primer semestre de este año, más que cualquier otro vendedor de anuncios en línea.
La ubicación de un consumidor es clave para ayudar a un anunciante a abrirse paso entre el desorden digital para que el anuncio sea más relevante y capte la atención del consumidor.
