El Salvador y Honduras fueron los más impactados con alzas de 7 y 6%, respectivamente
La pandemia del coronavirus trajo mayor pobreza a Centroamérica, más desigualdad y una creciente presión sobre la clase media, según revela el informe “Desigualdad y Descontento Social: cómo abordarlos desde la política pública”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El aumento de la pobreza en la región centroamericana implica que 2.8 millones de personas más caerían en esa categoría, para el caso de El Salvador son 478 mil personas más.
Eso implica, que este índice pasa de estar en 28.5 % en 2019 a llegar a 35.9 % el año pasado, un alza de 7.4 %, y un retroceso de cuatro años de lucha contra esta situación.
La asesora económica principal del BID para la región, Marta Ruiz-Arranz, explicó que a pesar de las ayudas otorgadas por los gobiernos de la región, estas no tuvieron el alcance suficiente para tener una forma de ingreso más equitativa para la población.
“Se ve que la desigualdad antes y después de la acción pública del gobierno es muy similar, esto contrasta en países de Europa (donde sí hubo un impacto) y esto se debe a falencias de la política impositiva como de gasto público”, explica.
El informe detalla que en el país los beneficiarios netos del gasto público representan una fracción reducida de la población. “Solo el 10% más pobres reciben el neto sin considerar educación y salud”.
Eso significa para Ruiz-Arranz que el gasto social en salud y educación, sí permite trasladar los beneficios del estado a los hogares vulnerables.
En el país el gasto de educación es de un 3.6 % del PIB y en salud del 4.7 %.
“De esta manera, sería favorable aumentar la expansión y la calidad de los sistemas de educación y salud públicos, lo que ayudaría no solo a la redistribución y apoyo a los más vulnerables sino también a aumentar el capital humano, lo que apoyaría un crecimiento económico mayor en el mediano plazo”, agregó Arnoldo López Marmolejo, economista del BID para la región.
Otro de los índices que subió en el país, después de venir con una tendencia a la baja previo a la pandemia es el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad. Este aumentó casi dos puntos desde, aun así el país es el que muestra el menor índice de la región (41.7 %) según el estudio, que también revela que a pesar que la tasa es la más baja, el país es el que tiene “una mayor percepción de desigualdad”.
Repensar los ingresos
Otro de los temas tratados en el documento es que los países para hacer frente al incremento en la deuda pública por un mayor gasto ocasionado por la pandemia, y las condiciones pre existentes (de alto endeudamiento), pueden echar mano de “un potencial recaudatorio muy grande”.
Según el BID, los informales en los deciles altos, es decir los trabajadores informales que no son vulnerables pueden contribuir. En el la región estos rondan del 10 % al 40 % de los trabajadores. En El Salvador son casi el 40 %.
Para Ruiz-Arranz es necesario incentivo a la formalización y eficientizar el gasto público para que aquellos informales vean lo que valen los servicios públicos.
“Antes de pensar en una renta mínima universal se deberían de enfocar esfuerzos en transferencias focalizadas y provisión de servicios públicos de calidad a los más pobres, se deberían hacer esfuerzos por mejorar la posición de las finanzas públicas aumentando la recaudación mediante esfuerzos para reducir la evasión y elusión, y buscando eficiencias por el lado del gasto público. Los esfuerzos de fiscalización para reducir la evasión se podrían enfocar en la economía informal en los segmentos de ingreso alto. Por ejemplo, se estima que la recaudación de impuesto sobre la renta a los trabajadores podría aumentar hasta 35% si contribuyeran los trabajadores informales no vulnerables en El Salvador”, explica.
Por su parte, Miguel Székely, Director del Centro de Educación y Estudios Sociales de México explicó que urge redistribuir los recursos, mejorar la eficiencia, revisar el gasto y hacer trabajo coordinado para volver eficientes esos recursos.
Asimismo, el BID hizo un llamado a una verdadera escucha ciudadana, porque de no hacerse esta implicaría un riesgo importante en conflictos sociales.
“Estas no solo con la distribución del ingreso sino con otras preocupaciones con la producción de servicios públicos, transparencia, seguridad ciudadana, y es importante generar medidas de inclusión política y social”, dijo Ruiz-Arranz.
