Ningún país ha otorgado secretividad en los contratos de compra de vacunas contra el Covid-19 a la farmacéutica Pfizer, aseguró la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón.
La funcionaria dijo que por esta razón rechazaron la petición de la Secretaría de Salud de poner en reserva la compra de vacunas, y fueron “sorprendidos” cuando Salud acudió al Congreso Nacional para que aprobara un decreto que amplia discrecionalidad en reserva de compras.
“Están dejando una puerta abierta para que todas las compras de Salud vayan a reserva y eso no solo es arbitrario sino que violenta la Ley de Transparencia”, declaró.
Ardón, dijo que hicieron una investigación a nivel internacional y constataron que a ningún país le pidieron reservar información que fuera más allá del valor económico y la propiedad intelectual, que fue a lo que el IAIP si dio el visto bueno.
Señaló que desconocen las razones que expone Pfizer para la reserva de información y la ministra de Salud, Alba Flores, tampoco las comunicó al IAIP. La reserva de información tendrá vigencia por un plazo que no exceda el término de 10 años.
¿Sin quorum Legislativo?
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que apenas 49 diputados de los 120 que conforman en Congreso Nacional, fueron los que aprobaron la secretividad a los contratos de compras para las vacunas contra el COVID-19.
En un comunicado oficial, señala: “Queda registrado en la historia del actual Congreso, la lesiva decisión adoptada por 49 diputados, en donde decretaron por una década la reserva de información para conocer el manejo de fondos públicos que sean invertidos para adquirir vacunas con casas farmacéuticas”
El escrito califica de “zarpazo” de los diputados a las futuras investigaciones en la compra de vacunas, aún cuando el IAIP, declaró sin lugar la petición realizada por la Secretaría de Salud (Sesal).
El CNA dice que esa conducta es reiterativa en la administración pública, ya que esas acciones están dejando atados todos los cabos que en un futuro pueda provocarles procesos penales por las nocivas decisiones que han adoptado durante la pandemia, cuya labor únicamente ha sido agenciarse de fondos públicos, cuyo destino es desconocido, tal es el caso de los hospitales móviles.
Finalmente, exigen al CN que recapacite y evite seguir soslayando la transparencia, haciéndole un atento recordatorio y que las decisiones adoptadas el marco de la impunidad, pueden ser revocadas por una nueva Cámara Legislativa y posteriormente deducirles responsabilidad por la serie de delitos durante los últimos ochos años.
