La Junta Interventora, nombrada por el Gobierno, anunció este martes un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de teléfonos móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.
Las 10 medidas fueron anunciadas por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, una semana después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la designó para liderar el plan de intervención de los centros penales tras los últimos tiroteos registrados de manera simultánea en cuatro cárceles del país.
En una extensa presentación de un diagnóstico preliminar de la situación carcelaria, Villanueva reveló las deficiencias del sistema de seguridad en los presidios controlados por militares y policías durante décadas.
Entre las iniciativas anunciadas figura un bloqueo total de la señal telefónica para que los reos no puedan hacer o recibir llamadas desde el interior de las cárceles y un desarme “real” a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el sistema penitenciario.
Villanueva indicó que el objetivo de las medidas es poner fin al crimen organizado que impera en los centros penales de Honduras y no descartó que se puedan replicar modelos de otros países, que no identificó, pero con “el cuidado de respetar los derechos humanos”.
El Gobierno también anunció “la remoción y depuración” del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, así como una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de las prisiones.
Las 10 medidas de seguridad
De esa manera, en esta etapa de emergencia se implementarán una serie de medidas que conducirán en primera instancia
- Un desarme real a través de registros manuales y electrónicos en todos los recintos.
- Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
- Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación personal y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir.
- Instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistema de monitoreo y vigilancia digital con control central las 4 horas del día.
- Traslados y reubicación de los privados de libertad en los cuartos centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
- Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
- Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores.
- Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
- Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación, revisión y ajuste salarial.
- Crear el banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por 25 cárceles y albergaba más de 19.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 15.700 personas a nivel nacional, teniendo una sobrepoblación de al menos 3.891 reos.
