Aunque las autoridades gubernamentales consideran que es posible tener un nuevo Acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), el camino será largo ya que existen varias exigencias pendientes de la última revisión de ese organismo.
Si el gobierno quiere seguir con el visto bueno del FMI, para generar confianza internacional, tendrá que aprobar la minuta base de negociación que, basada en la última revisión, contiene una serie de medidas tributarias y sociales.
Reformas fiscales y exoneraciones
En abril anterior los directores del FMI hicieron hincapié en la necesidad de continuar “las reformas fiscales y los esfuerzos de movilización de ingresos tributarios para impulsar el crecimiento potencial”.
Sugirieron además una “revisión exhaustiva de las exenciones tributarias y una racionalización de los gastos”. Los directores advirtieron sobre los efectos adversos de las reiteradas amnistías fiscales sobre el cumplimiento tributario y los esfuerzos de movilización de ingresos.
ENEE sigue en la mira
“Es fundamental que se realicen esfuerzos más firmes para resolver la situación financiera de la compañía estatal eléctrica (ENEE)”, destaca el FMI.
También se deberá “optimizar el tamaño de la masa salarial” ( es decir el pago de empleados públicos) y mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto público.
El el sector monetario se pide la aprobación de una nueva Ley del Banco Central para “establecer la inflación como objetivo primordial de la política monetaria”, algo que ya está en actual ley.
La devaluación de la moneda está en la agenda ya que piden “seguir desarrollando el mercado cambiario con el propósito de respaldar la transición hacia un régimen cambiario más flexible, que sirva como mecanismo de ajuste contra choques externos”.
En el sector financiero se pide un continuo monitoreo de la deuda de los hogares, concentración en créditos de consumo de las carteras de los fondos públicos de pensiones, así como de “la expansión de los bancos de desarrollo hacia operaciones financieras de primer piso”.
Se esperan reformas del lado de la oferta para impulsar la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. Además fortalecer el estado de derecho para mejorar el ambiente de negocios, entre otros puntos.
