Los funcionarios del Gobierno de Nicaragua que aparecen en la actualización de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte (conocida como Lista Engel) son señalados de participar en represalias gubernamentales para despojar de la ciudadanía y propiedades a los opositores políticos y críticos del régimen.
Son 13 funcionarios, entre jueces, diputados y directivos de entidades los que aparecen en el reciente informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Wendy Carolina Morales Urbina, fiscal general de Nicaragua. El Departamento de Estado la señala que “socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal”.
Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Arling Patricia Alonso Gómez , primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Alonso es señalada de que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. También aparece en la lista porque “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de la ciudadanía nicaragüense”.
Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional. El Departamento de Estado indica que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos”.
Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional. Al igual que las anteriores mencionadas, participó en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores.
Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua. Se menciona en la lista por “utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores de la ciudadanía nicaragüense”.
Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua. También utilizó la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia.
Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua. Es señalado de que participó en una campaña coordinada para “reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna”.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF. Utilizó su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal, señala el Departameto de Estado.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR). Usó su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de la DNR. También es señalado de usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). Utilizó la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Usó su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal, indica el informe.
Ya en 2022, el Departamento de Estado de EEUU había incluido a 23 jueces y fiscales de Nicaragua por considerar que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción.
Entre ellos estaba Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua; Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza; y Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia.
