La representación de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene un alto costo para el país. Sólo el pago de salarios y gastos de representación, para tres funcionarios, representó 61.2 millones de lempiras, cuestionó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en una veeduría a la Secretaría de Desarrollo Económico y de Inversión Social (SEDIS).
En el “Informe de auditoría forense especializada”, el CNA califica de “salarios exorbitantes” de la misión de Honduras ante la OMC en Suiza, además cuestiona la falta de cumplimiento de la Ley de Servicio Civil, puestos de personal en cargos para los que no fueron contratados, falta de documentación, entre otros señalamientos.
Pero el centro del informe se centra en los salarios de los representantes ante la OMC. Gabriela Castellanos, Directora del CNA, dio que “más de 61 millones de lempiras en pago de salarios y gastos de representación para únicamente tres funcionarios es el impacto financiero identificado en la Secretaría de Desarrollo Económico entre 2018 y 2022”.
Los pagos superan el 10% de la planilla de SEDIS para el 2021.
A lo 43.3 millones en pagos se suman 17.8 millones en gastos de representación. Los beneficiarios han sido cercanos a las máximas autoridades de la administración pasada, dice el CNA.
Para el caso del señor Miguel Ángel Bonilla en el cargo desde el año 2014 es sobrino del hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández, los otros dos miembros de la misión son Dacio Castillo Flores que está desde 1998 y Alana María Lanza Suazo que está en el puesto desde el 2012.
Los salarios superan los 300.000 lempiras mensuales, cifra que triplica los sueldos de los Embajadores de Honduras en el exterior, según la planilla de la Cancillería de la República.
Unos 33 empleados favorecidos en SEDIS
El 20 de diciembre del 2021 “se adelantaron los regalos de navidad sangrando las finanzas públicas”, en SEDIS, al repartir permanencias a 33 empleados, 24 de ellos recibieron un aumento desproporcional del salario que genera un déficit presupuestario de más de un millón 422 lempiras, violando los criterios establecidos en los manuales de puestos y salarios y la Ley del Servicio Civil.
Estos aumentos selectivos se realizaron pese a que la Secretaría de Finanzas advirtió no afectar más el presupuesto, “evidentemente el ministro (Arnaldo Castillo) y la ministra (María Antonieta Rivera) a cargo de esa secretaría del período 2018 al 2022 actuaron de forma arbitraria, por lo que se interpuso una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas por mala gestión del servidor público y no seguir el procedimiento de selección y contratación de personal”.
A mediados de 2021 se inició una auditoría en la Secretaría de Desarrollo Económico por la que se pagó un monto de 2.5 millones de lempiras a cargo del Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo, hasta la fecha no han reportado resultados.
