La calificadora de riesgo Moody’s mantuvo en B3 la calificación de riesgo de El Salvador, pero cambió la perspectiva de Estable a Positiva por reducción en riesgos de liquidez y mejora en las condiciones de negocios.
La agencia señaló que hay mejores condiciones de negocios y que hay un menor riesgo de liquidez, pero advirtió que hay otros factores de riesgo como la confrontación política, la inseguridad y el peso de la deuda actual.
B3 significa que prestarle al país implica un alto riesgo. La perspectiva hace referencia a la posibilidad de que esa calificación mejore, se mantenga o empeore.
El comunicado señala que hay una reducción en los riesgos de liquidez del Gobierno y que hay mejores condiciones de negocios que podrían traducirse en inversión y crecimiento económico.
“Los riesgos de liquidez del gobierno ya son significativamente más bajos, ya que el gobierno tiene la capacidad de emitir deuda de largo plazo en los mercados financieros globales y, consiguientemente, depende menos de los LETES para financiar su presupuesto”, dijo Moody’s.
La deuda externa, advierte, se mantiene alta con un creciente peso en las finanzas estatales. Además, consideró que “las instituciones de El Salvador se mantienen débiles”, con poca efectividad en las políticas fiscales en relación a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Otros factores que mantienen baja la calificación son la inseguridad y las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. “En un futuro estas confrontaciones pueden impedir el avance en reformas necesarias para resolver desafíos económicos y fiscales”.
Para que mejore la calificación, tendría que haber evidencia de que los “poderes ejecutivo y legislativo pueden establecer una relación funcional que impida un escalamiento de riesgos de liquidez del Gobierno como ha sucedido en el pasado”, señaló el comunicado emitido por la agencia.
Además, el país debe mostrar que en el mediano plazo puede crecer por encima del 2%, que es el actual crecimiento potencial de la economía.
Moody’s señaló que podría ser necesario un período de hasta 18 meses para evaluar el impacto crediticio de la evolución del panorama político y su efecto en los riesgos de liquidez del gobierno.
