Mientras el Congreso Nacional busca una revisión de algunos artículos cuestionados del nuevo Código Procesal Penal, los empresarios de la zona norte reiteran que se debe derogar toda la legislación.
Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo que desconocen cualquier concertación en ese tema, contrario a lo informado por el secretario del Congreso Mario Pérez.
“Yo no he recibido ninguna llamada del señor Mario Pérez, por lo cual desconozco de eso, pero si se que hay más de 30 organizaciones que ya nos hemos pronunciado y definitivamente ese Código Penal no puede entrar en vigencia”, declaró.
“Nosotros hemos solicitado su derogación y que no sea un retroceso para avanzar en temas de corrupción y de impunidad en el país”, agregó.
Reiteró que la Cámara de Comercio nunca ha pedido reformas al Código Penal,” nosotros hemos pedido la derogación y nos mantenemos con parte de un grupo de asociaciones que ya se han pronunciado en contra”.
A menos de tres meses de su aplicación (prevista para noviembre), Faraj estima que no hay tiempo para reformar 300 artículos y es mejor derogarlo y acelerar un nuevo proyecto de ley con participación de todos los sectores.
“Estamos hablando como sector privado, y eso no es bueno para Honduras, eso no es bueno para la inversión y eso que lo tengan claro los congresistas, que esto va a traer un retroceso a la inversión”, concluyó.
La principal preocupación empresarial es la inclusión de la figura de “responsabilidad penal de las personas jurídicas” que recae sobre directivos, socios, empleados y representantes de empresas privadas. Se liga esta figura a 21 diferentes tipos de delitos.
