En los últimos nueve años, más de 695.000 hondureños se sumaron a la filas de personas vivienda en pobreza y 161.000 a la de pobreza extrema.
De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en base a datos del Instituto nacional de estadísticas (INE), el número de hondureños viviendo en situación de pobreza pasó de 5.3 millones en 2010 a 5.9 millones en 2018.
Tomando en cuenta el crecimiento anual de la población el aumento fue un 1% (de 66% en 2010 a 67% de la población en 2018), pero el problema es la millonaria inversión pública en programas de reducción de la pobreza.
Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, agrega que entre 2010-2010 casi 300.000 hogares cayeron al nivel de pobreza extrema (de un millón a 1.3 millones de hogares).
“Para el año pasado, con una población cercana a los 9 millones de habitantes, 3 millones 816 mil 598 vivían en extrema pobreza, un aumento de 2% en hogares en relación a 2010”, señala.
La principal razón de la dramática caída social, es el crecimiento del subempleo que se duplicó en el mismo período al pasar de 924.688 en 2010 a “dos millones 579.078 en 2018”.
Para Zepeda este factor de subempleo, refleja el fracaso de la política social del gobierno que se centra en la entrega de bonos y no en impulsar las condiciones económicas para generar empleo permanente.
También se debe garantizar el pago del salario mínimo que actualmente no se le paga a más del 50% de las personas asalariadas.
¿Inversión pública efectiva?
Según el Fosdeh, que toma cifras totales de inversión pública y de informes del gobierno, en nueve años el gasto para reducir la pobreza supera los “337.179 millones de lempiras”.
Sin embargo, esa cifra incluiría la inversión pública total ya que en el programa directo de reducción de la pobreza se erogaron 5.000 millones de lempiras el año pasado.
De acuerdo al informe general de ejecución de Proyectos de inversión pública (PIP), de la secretaría de Finanzas¡, de 26.700 millones de lempiras aprobados, se ejecutaron 20.574 millones de lempiras, en 2018.
De ese valor el 50% estuvo concentrado en dos sectores: la construcción de carreteras (5.568 millones) y bonos para reducir la pobreza (5.000 millones).
