No se presentaron pruebas contra las supuestas “10 familias exoneradas representadas en el Cohep”
El ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra ex funcionarios del Gobierno y cuatro empresas que habrían cometido delitos fiscales por el orden de los 1.500 millones de lempiras.
Acompañado por miembros del partido oficialista Libre y funcionarios de Gobierno, el funcionario entregó una extensa documentación (más de 20.00 páginas) que incluye resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos, decretos legislativos, protocolos de constitución de empresas, reportes de inteligencia aduanera, y hasta manifiestos de vuelos.
Aunque en la presentación de la denuncia, reiteró que hay “10 familias beneficiadas con exoneraciones fiscales” que son parte del Cohep, la acusación se centró en cuatro casos que involucran a un ex diputado, un ex ministro de Desarrollo Económico, y cuatro empresas de los regímenes de Zoli, RIT y Zolitur.
“Presentamos denuncia de la comisión de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencia, fraude y delitos fiscales por el orden de los 1.500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”, dijo.
El primer caso es del régimen de Zolitur, creado para atracción de turistas, donde “una empresa importó un helicóptero sin pagar impuestos y lo usó para trasladar a familiares y amistades particulares”. No se detalla el monto del beneficio fiscal.
La segunda denuncia es contra un “grupo económico que uso su influencia política y conexiones en el Congreso Nacional y con un ex ministro de Desarrollo Económico para lograr de manera corrupta tres decretos y una resolución con el fin de trasladar de Zona Libre (ZOLI) al RIT (Régimen de Importación Temporal), para evitar el pago de todos los impuestos”.
Este grupo recibió de “manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones”.
La tercera denuncia es contra una multinacional que “utilizó influencia política” para gestionar un decreto en el Congreso Nacional mediante la interpretación del Código Tributario “y de forma retroactiva”, eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria con un impacto fiscal de más de 500 millones de lempiras.
También se presentó documentación en contra de un ex diputado de Islas de la Bahía, que incurrió en varios delitos y logró beneficios para sus empresas adscritas al régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) por un valor de 450 millones de lempiras.
“El ex diputado en un claro caso de conflicto de intereses” y con decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas del régimen de Zona Libre de Islas de la Bahía se benefició con más de 450 millones de lempiras en exoneraciones.
Ochoa sostuvo que estas son las primeras denuncias que presentan, pero que en “resumen como empresas ligadas a la cúpula empresarial utilizaron beneficios fiscales en detrimento del pueblo hondureño”.
La dirigencia empresarial se hizo presente ante el MP esperando las pruebas del director del SAR contra el Cohep, pero las mismas no se presentaron.
